Tras años de debate y diversas propuestas, el Congreso ha aprobado en 2025 una nueva reforma previsional que busca mejorar las condiciones de jubilación de los trabajadores en nuestro país.

La discusión en torno a la reforma previsional ha sido una de las más extensas en la historia del país, con propuestas que variaron ampliamente según la administración de turno. Si bien el consenso alcanzado representa un avance en términos de seguridad social, su impacto en la economía y en la estabilidad del mercado laboral sigue siendo un tema de preocupación.

Esta reforma, considerada un avance necesario para garantizar pensiones más dignas, ha generado también incertidumbre en el sector empresarial, debido a los costos adicionales que implica para los empleadores. La medida ha sido recibida con opiniones divididas, ya que para los trabajadores representa una mejora en sus ingresos futuros, mientras que para las empresas significa un desafío financiero y de gestión laboral.

Detalles principales de la reforma previsional

La reforma previsional aprobada establece un aumento en la cotización obligatoria de los empleadores en siete puntos porcentuales, con una aplicación gradual durante los próximos años. Este incremento busca fortalecer el sistema de pensiones y reducir la brecha entre los ingresos laborales y los montos de jubilación.

Además, la reforma contempla la creación de un fondo solidario que permitirá mejorar las pensiones de los trabajadores con menores cotizaciones a lo largo de su vida laboral.

Con respecto a la edad de jubilación, esta se mantiene en 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres, aunque se fortalecerán los incentivos para el retraso voluntario del retiro, permitiendo mejorar la pensión final.

Otro de los cambios relevantes de la nueva normativa es la reestructuración del actual sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), incluyendo la participación de una entidad pública que gestione los fondos con un enfoque más solidario.

La reforma también introduce nuevas regulaciones en la edad de jubilación y las condiciones de retiro programado, lo que podría modificar las expectativas de miles de trabajadores sobre su futuro financiero.

En términos de implementación, la reforma establece que el aumento en la cotización será progresivo, permitiendo a las empresas adaptarse a los nuevos requerimientos. Sin embargo, expertos advierten que incluso con esta aplicación gradual, muchas pequeñas y medianas empresas podrían enfrentar dificultades para cumplir con los nuevos aportes sin afectar su estructura de costos.

¿Cuál será el impacto de la reforma en las empresas?

Para las empresas, el aumento en la cotización representa un costo laboral adicional que podría traducirse en una menor contratación de trabajadores o en la reducción de salarios para quienes se incorporen al mercado laboral.

Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Santiago, la reforma podría llevar a una reducción del empleo formal de hasta un 3,4% y a una disminución de los salarios en torno al 5%.

Los empleadores han manifestado su preocupación por el impacto que estos cambios podrían tener en la competitividad de las empresas, especialmente en aquellas que operan con márgenes de ganancia ajustados. La posibilidad de que el aumento de costos se traduzca en mayor informalidad laboral también es una inquietud latente, ya que muchas empresas podrían optar por evitar los gastos adicionales recurriendo a contrataciones informales.

El impacto será especialmente fuerte en empresas pequeñas y medianas, las cuales tienen menos margen de maniobra para absorber estos costos adicionales. Muchas compañías podrían optar por reducir su plantilla o evitar nuevas contrataciones para compensar el gasto extra.

Además, la posible caída en los salarios de los nuevos trabajadores podría significar un retroceso en la calidad del empleo, afectando principalmente a jóvenes y personas que recién ingresan al mercado laboral. De hecho, es posible que, en un intento por equilibrar sus costos, algunas empresas ofrezcan contratos más precarios o sin los mismos beneficios que antes.

Por otro lado, sectores como la manufactura y el comercio podrían tener un impacto moderado debido a su capacidad de absorber costos a través de ajustes en precios o eficiencia operativa. No obstante, esta no es una opción viable para todas las industrias, lo que genera preocupación sobre el futuro del empleo formal en Chile.

Las áreas más afectadas por la reforma

Si bien el impacto de la reforma afectará a todas las empresas en mayor o menor medida, ciertos sectores podrían verse particularmente perjudicados. Las empresas de servicios, consultoría y tecnología de la información (TI) podrían enfrentar mayores desafíos debido a la naturaleza de sus operaciones y la alta competitividad del mercado en el que se desenvuelven.

Las compañías de consultoría y servicios dependen en gran medida de su capital humano y enfrentan dificultades para absorber aumentos de costos sin afectar sus tarifas o estructuras salariales. En el caso del sector TI, la movilidad laboral y la posibilidad de trabajar en el extranjero o de manera remota podrían hacer que muchas empresas pierdan talento clave ante ofertas de países con condiciones laborales más favorables.

El sector de tecnología también enfrenta el desafío de retener talento altamente especializado, en un contexto en el que muchos profesionales buscan mejores condiciones en el mercado. Si las empresas nacionales no logran ofrecer salarios competitivos frente a esta realidad, el país podría experimentar una fuga de talento que afecte su desarrollo en industrias estratégicas.

La reforma previsional en Chile representa un avance significativo para mejorar las condiciones de jubilación de los trabajadores, pero también impone desafíos importantes para las empresas. Si bien la intención de aumentar la cotización es positiva desde el punto de vista del bienestar social, su implementación podría generar efectos colaterales en el empleo y los salarios.

Aún falta conocer el impacto real que tendrá esta reforma en la economía del país y en el sector empresarial. Por esto, es crucial que el Estado implemente medidas de apoyo para que las empresas puedan adaptarse sin afectar la generación de empleo ni la estabilidad económica. Mientras tanto, las organizaciones deberán analizar sus estructuras de costos y evaluar estrategias que les permitan mantenerse competitivas en este nuevo escenario.

En este contexto, se vuelve fundamental la colaboración entre el sector público y privado para garantizar que la reforma cumpla su objetivo sin comprometer el desarrollo económico del país.