El pasado 15 de mayo, el Congreso Nacional aprobó la nueva Ley de Delitos Económicos, proyecto que busca sistematizar los delitos de este tipo y otros calificados, como por ejemplo, atentados contra el medio ambiente.

La nueva normativa busca superar las críticas de la ciudadanía ante este tipo de actividades delictuales, debido a la creciente sensación de impunidad en los procesos judiciales relacionados a estos, tal como ha ocurrido en casos de colusión, evasión tributaria o sobreprecios en nuestro país.

Para esto, la normativa incluye un nuevo catálogo de delitos, que involucran atenuantes, agravantes y sanciones distintas a las del código penal común, aumentando la gravedad de estos crímenes y restringiendo los beneficios a los que pueden acceder quienes los cometan.

Este proyecto es parte de la agenda de seguridad acordada por el oficialismo y la oposición para el corto y mediano plazo, convirtiéndose en el primer gran acuerdo de este tipo y consolidando un gran paso de cara a prevención, investigación y lucha contra la delincuencia económica en chile.

¿Qué ventajas trae la nueva ley?

Uno de los puntos más importantes al dar a conocer la nueva normativa fue el anuncio del aumento de las penas para los delitos económicos más graves, situación que busca disuadir a las personas y las empresas de cometer estos delitos.

Así mismo, la ley crea nuevos delitos que no estaban especificados en la normativa actual. De esta forma, podrán realizarse procesos por casos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, entre otros casos, lo que permitirá a las autoridades perseguir a las personas que participen de manera indirecta en estos, incluso si no cometen un delito específico.

Para poder cumplir con estos preceptos, la ley implica el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, institución responsable de recopilar y analizar información sobre delitos económicos y de compartir esta información con otras autoridades.

Sumado a esto, el proyecto estipula la mejora de los mecanismos de cooperación internacional para la lucha contra estos delitos a nivel mundial, lo que entregará herramientas a las autoridades chilenas para cooperar con las autoridades de otros países en investigaciones de delitos económicos.

Las críticas que genera la normativa

De todas formas, también han aparecido voces críticas de la nueva normativa, debido al endurecimiento de las penas y la falta de garantías hacia los acusados que podrían generar estos cambios.

En esta línea, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) presentó un reclamo ante el Tribunal Constitucional para frenar la aplicación de la ley, asegurando que su promulgación traería una desigualdad ante la ley para los infractores, acusando que los delitos económicos pasarían a tener penas más duras que otros de mayor connotación, como delitos sexuales u homicidios.

Así mismo, otros expertos han señalado que aumentar las penas en estos casos no necesariamente conllevan a la disminución de los delitos, sino que lo que se necesita es un aumento en la fiscalización de estos casos.

Finalmente, una de las últimas críticas que aparecieron en la discusión fue la complejidad que tendrá la norma a la hora de definir cada uno de los delitos incluidos, lo que podría generar confusiones dentro del poder judicial a la hora de poner en práctica la ley.

Con esta nueva ley, las autoridades planean reducir la cantidad de delitos económicos cometidos por empresas e individuos, principalmente aquellos que afecten de manera importante a la sociedad, y fortalecer la posibilidad de investigar aquellas asociaciones entre organizaciones delictuales y personas naturales en casos de narcotráfico, terrorismo o situaciones que afecten a gran parte de la población.