En la era digital en la que vivimos, la tecnología ha transformado radicalmente la forma en que las personas y las empresas interactúan, facilitando la conectividad y automatizando procesos que antes requerían tiempo y esfuerzo manual.

Desde la banca en línea hasta la compra de productos por internet, la vida diaria se ha vuelto más eficiente, pero también más vulnerable. Así, han surgido nuevos desafíos relacionados con la ciberseguridad y la protección de datos personales, situaciones que han obligado a gobiernos y empresas a nivel mundial a buscar una nueva forma de gestionan la información digital.

En este contexto, Chile ha dado un paso importante hacia la modernización del Estado con la Ley de Transformación Digital, cuyo objetivo es digitalizar los trámites y procedimientos del sector público, mejorando la transparencia, eficiencia y seguridad en la gestión de los datos, algo que representa un hito para el país, al alinearse con las tendencias globales, pero que también implica un desafío tanto para las instituciones públicas como para las empresas que interactúan con ellas.

¿Qué cambios trae la Ley de Transformación Digital del Estado?

La nueva normativa digital que comenzó a aplicarse en 2022 y se espera que esté plenamente operativa para 2027, establece que todos los procesos administrativos deberán ser electrónicos, eliminando gradualmente el uso de documentos en papel y promoviendo la interoperabilidad entre las distintas entidades públicas.

De esta forma, se busca alcanzar una mayor eficiencia en la gestión del Estado, además de generar un cambio estructural en la manera en la que se manejan los datos y las comunicaciones en el país.

Entre las características principales, se destaca que las notificaciones y trámites se realizarán de manera digital, reduciendo los tiempos y costos asociados a la gestión de documentos físicos.

Así mismo, toda la documentación administrativa del Estado deberá ser digitalizada, eliminando el papel en los procesos internos, algo que se espera replicar posteriormente con las empresas del sector privado.

Este nuevo escenario dará un impulso importante a la interoperabilidad, lo que permitirá que las plataformas digitales de los distintos órganos públicos deberán estar interconectadas, facilitando el acceso a información compartida entre las instituciones y la ciudadanía en general.

Pero, para cumplir con todo este proceso, también se fortalece la seguridad de la información, buscando garantizar que los datos electrónicos, almacenados en instituciones públicas o privadas, estén protegidos mediante tecnologías de ciberseguridad avanzadas, priorizando la protección de los datos personales.

Beneficios y desafíos para la ciudadanía

La nueva Ley de Transformación Digital del Estado ofrece beneficios importantes para los ciudadanos, al permitir que estos realicen trámites de manera más rápida, sin la necesidad de desplazarse físicamente a las oficinas, lo que se traduce en ahorro de tiempo y costos.

Además, la digitalización facilita la transparencia y el acceso a la información, lo que permitirá que los datos puedan ser utilizados de distintas formas, siempre que cada persona autorice su uso.

Sin embargo, la implementación de la ley también presenta desafíos. Uno de los más importantes es garantizar la protección de los datos personales en un entorno digital, donde los ciberataques y el mal uso de la información son preocupaciones crecientes.

Junto a esto, la interoperabilidad entre distintas instituciones plantea otro reto significativo, ya que los sistemas deberán ser compatibles entre sí, y cualquier fallo podría afectar a la eficiencia de los procesos.

A esto se suma la brecha digital aún existente en el país. A pesar de los avances en conectividad, aún existen zonas con acceso limitado a internet o tecnología adecuada, lo que podría generar una diferencia significativa en la experiencia digital de ciertas personas.

¿Cómo se pueden adaptar las empresas a la nueva ley?

Para las empresas, la Ley de Transformación Digital del Estado trae la necesidad de adaptarse a nuevos estándares tecnológicos y normativos, ya que aquellas organizaciones que interactúan regularmente con instituciones públicas deberán adoptar plataformas electrónicas para realizar sus trámites, lo que implicará una modernización de sus sistemas internos.

Así, las empresas deberán ajustarse al manejo de documentos electrónicos, adoptando procesos que eliminen el uso de papel para alinearse a la normativa. También deberán reforzar sus medidas de ciberseguridad para proteger los datos que manejan, especialmente en su relación con entidades gubernamentales.

Para esto, la capacitación del personal será fundamental, por lo que los cursos y asesorías en la materia, que busquen enseñar y explicar el uso de plataformas digitales de manera correcta, será la forma más eficaz de lograr una transición fluida a los nuevos requerimientos.

¿Cómo se diferencia el impacto en las PYMES a las grandes empresas?

Otro de los aspectos clave a considerar es que la adaptación a la Ley de Transformación Digital puede tener un impacto diferente dependiendo del tamaño y los recursos de cada empresa.

Por ejemplo, para las grandes corporaciones, que generalmente cuentan con infraestructura tecnológica más avanzada y recursos humanos especializados, la transición a los nuevos sistemas digitales puede ser más rápida y sencilla, ya que tienen la capacidad de invertir en soluciones de ciberseguridad, plataformas de gestión documental y capacitación del personal sin mayores complicaciones.

Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas pueden enfrentar mayores dificultades para cumplir con los requisitos de la nueva ley, debido a la falta de recursos para implementar tecnologías avanzadas o para capacitar a sus empleados de manera eficiente.

Sin embargo, esto también representa una oportunidad para que estas empresas modernicen sus operaciones, lo que podría mejorar su competitividad a largo plazo. Aunque para cumplir este objetivo se necesite apoyo del estado y mayor flexibilidad.

¿Cómo pueden aprovechar las empresas la Transformación Digital?

La Ley de Transformación Digital también presenta oportunidades significativas para las empresas, en especial para aquellas del sector tecnológico. Debido al largo proceso de implementación y los cambios esperados, el Estado requerirá de herramientas y plataformas que permitan la digitalización de sus procesos, por lo que las empresas dedicadas al desarrollo de software, consultoría tecnológica y ciberseguridad tienen un amplio campo de acción para ofrecer sus servicios.

Además, las empresas que logren adaptarse rápidamente a los cambios normativos, invirtiendo en innovación tecnológica y optimización de sus sistemas, podrán mejorar su competitividad. Por ejemplo, la automatización de procesos no solo reducirá costos operativos, sino que también permitirá una mayor agilidad en la gestión de trámites con el Estado.

En la misma línea, en el ámbito de la protección de datos, las empresas dedicadas a soluciones de ciberseguridad estarán en una posición privilegiada, ya que el gobierno y el sector privado estarán obligados a cumplir con estándares más estrictos en cuanto al manejo de información sensible, por lo que la demanda de estos servicios se verá impulsada a medida que la ley avance en su implementación.

La Ley de Transformación Digital del Estado es un paso crucial hacia la modernización del sector público chileno, con implicancias profundas tanto para los ciudadanos como para las empresas.

Si bien su implementación conlleva desafíos significativos, también abre un mundo de oportunidades para aquellas empresas que estén dispuestas a adaptarse y aprovechar las nuevas tecnologías.

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